Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso

Impotencia. En esta palabra se puede resumir la decisión del presidente Uribe de autorizar a los familiares de los secuestrados políticos, para que adelanten contactos con las FARC.
La decisión es la admisión pública de la imposibilidad del Estado para lograr la liberación de ese grupo de secuestrados por la vía negociada. Y no es para menos. De hecho, las FARC tienen un pliego de exigencias que resulta IMPOSIBLE de cumplir para cualquier gobierno.
Comenzando por el despeje de dos municipios del Valle (Florida y Pradera), situación que resulta inconveniente para la estrategia militar y antidrogas, para los habitantes de esa zona del país y también para los ciudadanos que residen en Cali y Palmira.
Pero, en aras de hacer un ejercicio complaciente con las exigencias de los terroristas, supongamos que el Gobierno decide el despeje: ¿qué se va a negociar? Pues el intercambio de más de 500 terroristas por menos de 60 colombianos, pues lo hemos dicho hasta el cansancio, LAS FARC NO HABLAN DE LOS CERCA DE 3 MIL SECUESTRADOS, sino de los que fueron plagiados por interés político.
Lo grave, además, es que en la lista de “canjeables” están alias ‘Sonia’ (condenada a 30 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico) y alias ‘Simón Trinidad’, que espera en una celda (su espacio natural) un nuevo juicio en el país del norte.
Esos dos son un obstáculo infranqueable, pues nadie se imagina a Estados Unidos autorizando el despegue de un avión con destino a Colombia, en el que los dos terroristas viajen cómodamente.
A las FARC no les importa pedir imposibles, pues la intención de los secuestros políticos es tener un instrumento de presión contra el Estado (es decir contra usted y contra mi) para lograr sus propósitos y oxigenarse políticamente.
Entonces, mandar a la boca del lobo a los familiares de los secuestrados político, puede ser una decisión que funcionará en el corto plazo, pero a futuro esos familiares se convertirán en un factor de presión de enormes dimensiones, manipulados por las FARC que los utilizarán como mecanismo para difundir sus arengas y chantajeados con el trato que les darán a los secuestrados en caso de que los familiares no digan lo que a los terroristas les convenga.
Además, NINGÚN familiar tendrá la posibilidad de ofrecer algo a cambio, ni tiene la facultad de determinar una zona de despeje, ni de exigirle al gobierno de los Estados Unidos que devuelvan a los “muchachos injustamente procesados” en ese país.
¿Qué se pretende en teoría? Qué los familiares vean, de primera mano, la intransigencia de las FARC, la indiferencia de los terroristas frente al futuro de los secuestrados y la utopía que significa una negociación de chantaje humanitario.
Sin embargo, lo cierto es que ellos saben todo esto, pero la amenaza de lo que puedan sufrir los secuestrados si los familiares se rebelan ante la intención de las FARC, cambia el discurso, desvía y sesga las posiciones mediáticas y solo se logra que sean cajas de resonancia para las arengas de las FARC.
Es lógico que los familiares de los secuestrados hagan lo que los victimarios decidan, pues justamente por eso están en cautiverio sus seres queridos y para eso las FARC secuestran: para obtener dividendos (políticos y económicos), pero el Gobierno no puede perder de vista que les está poniendo a las FARC en la mano, las herramientas de tortura y de presión que servirán para difundir sus siniestros mensajes.
A esto se suma que el mensaje de fondo del Estado es sumamente crítico: no fuimos capaces y dejamos a los secuestrados y a las familias que son víctimas secundarias, en manos de sus victimarios y, por ahí derecho, al país escuchando los clamores, súplicas y discursos sesgados de las FARC y de los que presionan el acuerdo humanitario (como las FARC) por oportunismo político.
Así no funciona el asunto.